El poder ciudadano y rol en el sistema politico

Cuando hablamos de poder ciudadano, podemos visualizar una participación ciudadana no tan ideal y un tanto restringida, pues se limita a la elección de los gobernantes. En la toma de decisiones en temas que afectan al ciudadano, positiva o negativamente, su opinión no es vinculante. Un ejemplo de ello lo constituyen los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa.
Desde finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, el poder ciudadano ha cobrado una gran importancia. Estamos pasando de un Estado centralizado, burocrático y excluyente, a una administración pública más democrática, participativa e inclusiva.
El poder ciudadano debe ser más visible en aspectos claves, como el control y la auditoria social. Los ciudadanos deben mostrarse como la verdadera auditoría del Estado y levantar la voz cuando el poder no está siendo bien administrado. Con esto se establece la relación idónea entre el poder y la sociedad.
En este sentido, como ciudadana municipalista, estoy convencida de que desde los gobiernos locales se puede guiar a los ciudadanos para empoderarlos dentro del sistema político costarricense.
Los gobiernos locales son los agentes directos para el acercamiento entre los que tienen el poder y quienes se lo otorgaron. En consecuencia, se consigue tejer el poder dado y la sociedad, con lo cual se impulsa un modelo de desarrollo dirigido a mejorar la calidad de vida de los administrados. Pero, para lograrlo, se debe hacer valer la participación ciudadana.
El poder ciudadano debe nacer a partir de los concejos de distrito, por ser los más cercanos a los munícipes y conocer las verdaderas necesidades de estos.
Conceptualizar el rol que juegan los ciudadanos en el sistema político nacional, específicamente desde las municipalidades, me obliga a presentar la realidad desde la teoría, sin dejar a un lado lo que sucede en la práctica.
En la teoría, los gobiernos locales están consolidados en los artículos 169 y 170 de nuestra Constitución Política.
En la actualidad, el artículo 170 de nuestra carta magna dice textualmente: “Las corporaciones municipales son autónomas”. En la práctica, esta autonomía es parcial, porque la Asamblea Legislativa toma algunas decisiones que deberían tomar las municipalidades; dos ejemplos concretos son las tarifas de impuestos municipales y las autorizaciones para donar terrenos.
Traigo estos ejemplos a colación porque es allí donde los ciudadanos deben promover, ante el gobierno central, el fortalecimiento del gobierno local que los representa.
Una demanda de los gobernados es, precisamente, disponer de instrumentos que les posibiliten participar en la toma de decisiones y en los proyectos donde se invierte el dinero que ellos mismos pagan en los impuestos.
La participación ciudadana y el poder local se deben inscribir en la práctica. Estos elementos tienen valor en un sistema democrático, por cuanto se abren espacios donde los ciudadanos pueden auditar la labor realizada por sus gobernantes.
El papel ciudadano en las democracias participativas no quiere decir que se tengan las respuestas acertadas a todas las necesidades. La salvación del rol del poder ciudadano radica en la democracia participativa, de la que disfrutamos desde los gobiernos locales hasta el gobierno central, con posibilidades de selecciones alternativas y toma de decisiones positivas.
En Costa Rica, nos encontramos de cara ante la ausencia de una verdadera descentralización, específicamente en el tema del traslado de la toma de decisiones públicas. Si bien la administración municipal y el concejo municipal discuten acerca de cuánto la requieren, se necesita que los administrados se hagan escuchar y la exijan. Solo así se vislumbra el fortalecimiento local.
Aunque la descentralización no es el tema que nos ocupa, resulta transcendental desde el punto de vista político-social, como proceso que afecta tanto a la jurisdicción del Estado como a las relaciones con la sociedad, principalmente en el municipio, como organización con personalidad jurídica propia y autónoma, con patrimonio propio y cuyas autoridades son electas popularmente.
Los anteriores planteamientos nos llevan a la ruta de la revisión detallada de la participación ciudadana, el papel que deben tener los ciudadanos en la generación de políticas públicas, desde los concejos de distrito, y las formas de alcanzar su empoderamiento.
Por lo anterior, es importante que los ciudadanos dispongan de mecanismos de participación consultiva que garanticen la eficacia y transparencia en la gestión pública, además del respeto de la voluntad del ciudadano.
Defiendo, así, la importancia de la participación ciudadana como la incidencia de la ciudadanía en temas y actividades relacionados con el desarrollo económico, social y político, así como en la ejecución de decisiones en esos ámbitos.
Para que los ciudadanos puedan asumir el verdadero poder ciudadano ante el sistema político, es preciso implementar políticas de procesos consultivos para la toma de decisiones, emergen desde lo comunitario, se plasman en los cantones y se consolidan en el gobierno central.
El poder ciudadano no debe ser algo estático, del cual se conoce su existencia pero nadie lo ve. Debe ser activo, priorizar las necesidades y demandas y buscar las soluciones mediante las decisiones que sean necesarias.
Por consiguiente, el reto para la ciudadanía reside en fortalecerse, tanto en el ámbito local como en el nacional. Recordemos que el poder no está localizado en las instituciones, sino en aquellos a quienes se les encomendó. Entonces, podemos cuestionar a quienes lo ejercen.
En términos político-sociales, será en la ciudadanía agrupada donde se logre un rol de poder ─que, en mi criterio, se trata de poder local─, para satisfacer de la mejor manera las necesidades, intereses y aspiraciones de los munícipes. La ciudadanía tiene derecho a gozar de igualdad de oportunidades y garantías que la hagan efectiva, en aras de asegurar el rol de poder ciudadano ante el sistema político local y nacional. Con ello, se garantiza que las políticas de gobierno local y central dependan de la voluntad y las preferencias de los gobernados: a esto llamo democracia participativa, sinónimo del poder ciudadano.
Una tarea fundamental para fortalecer el poder local es educar al ciudadano, desde sus gobernantes locales. La ciudadanía desconoce quiénes son las autoridades municipales, quiénes los representan, cómo funcionan, a quién y para qué acudir. Solo así se logrará un rol de poder ciudadano efectivo y real, en verdadera democracia, donde se haga sentir, definiendo los instrumentos de planificación del desarrollo para elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos.
Un día una señora me comentaba acerca de su necesidad de tener una casa de bien social, y consideraba que no la tenía por culpa de la municipalidad, la cual no le quería dar un bono. Yo la orienté sobre dónde debía ir a realizar las gestiones para ese fin y le expliqué que los bonos de vivienda no los otorgaba la municipalidad. Le indiqué también cómo se manejaba el presupuesto municipal. La señora se sorprendió de cómo es la realidad del gobierno local; me agradeció la aclaración y, muy apenada, expresó que en el futuro se informaría bien.
Este es solo un ejemplo del desconocimiento de muchos ciudadanos en torno a sus derechos a sus deberes. Otro ejemplo: los munícipes creen que la construcción de aceras le corresponde a la municipalidad, pues ignoran que el artículo 75 del Código Municipal señala el deber de cada administrado de construir la acera frente a su propiedad. Aunque el artículo 76 faculta a la municipalidad para construir la acera frente a una propiedad privada y luego cobrarla, resulta discriminatorio que lo haga en unos casos y en otros no, porque los gobiernos locales no pueden destinar tanto presupuesto a solventar esta necesidad.
Los ejemplos citados demuestran la urgencia de informar y educar a los gobernados para que ejerzan su rol de poder. Los gobiernos locales, por sí solos, se ven imposibilitados de cumplir todos en sus deberes. Es imperativo establecer una sinergia entre las acciones emanadas de la corporación municipal y los esfuerzos provenientes de las fuerzas vivas de cada cantón.
En el nivel local existe un punto de encuentro de los diversos sectores locales para que, coordinados, ejerzan el rol de poder: los concejos de distritos. En conjunto con las comunidades, pueden coordinar y planificar los temas de desarrollo que encaminen a las distintas comunidades hacia el cumplimiento de sus metas, de acuerdo con la definición previa de sus prioridades.
Los gobernantes locales deben velar por el fortalecimiento del poder ciudadano en un sistema político como el costarricense, de democracia. Deben asignar papeles protagónicos a los concejos de distrito, en áreas de control y auditoría social de la gestión que se está realizando. Estamos realmente carentes de una planificación participativa, orientada a la obtención de recursos económicos y a la ejecución de proyectos.
Los elementos descritos son esenciales para consolidar el verdadero poder ciudadano como un componente importante en el sistema político democrático del cual gozamos.
La descentralización del poder permitiría un desarrollo local más autosostenible, que atienda más integral y eficientemente las necesidades de los ciudadanos. Es crucial crear políticas públicas donde se materialice el poder de la ciudadanía, de modo que, al tomar decisiones, el gobierno local contemple las necesidades más apremiantes de los munícipes.
Esto implicaría que el gobierno central descentralice temas como salud, educación y vivienda, y asigne los respectivos recursos a los cantones. Así mismo, los grupos comunitarios deben estar debidamente organizados, para priorizar sus necesidades, planificarlas e incorporarlas en planes y proyectos, los cuales se traducen en insumos valiosos para la planificación local.
Por otra parte, al actuar con responsabilidad social, involucrando directamente a los actores de la sociedad civil, se crea un modelo de desarrollo propio, que se inscriba en el marco local de desarrollo. En este modelo, se requiere que el gobierno central le otorgue mayor importancia al gobierno local, como ente más cercano a la realidad de la ciudadanía.
Este factor nos conduce al fortalecimiento del sistema político democrático, al hacer real la relación entre administrador y administrado, con lo cual se aumenta el poder de la ciudadanía en las demandas sociales. Igualmente, se crean formas más eficientes de administración y gestión públicas.
Además, se contribuiría a desburocratizar al gobierno, lo cual lo conduce por la ruta de la eficiencia y la eficacia, abierto al advenimiento del poder ciudadano en un sistema político democrático.
En resumen, si se logra una descentralización total, el poder ciudadano tendría un rol relevante en el sistema político nacional. Estamos en un sistema democrático porque somos libres de escoger a quiénes concedemos el poder, pero nos están debiendo, como ciudadanos, un real acceso a la toma de decisiones.
Resulta exitoso crear políticas públicas que posibiliten el empoderamiento de los ciudadanos, con una participación activa, consciente y democrática. Este proceso también fomentará la priorización de necesidades comunitarias, al pasar por el filtro local, lo cual legitima las demandas de las comunidades.
Indiscutiblemente, se hace alusión al poder de la ciudadanía en el sistema político desde los concejos de distrito, que, como enfaticé antes, constituyen el instrumento inmediato, participativo y auxiliar dentro del proceso de determinación de prioridades. Pese a este imperativo, en la práctica no se les ha asignado la debida importancia.
Considero que nuestro sistema político es ejemplar, por ser democrático, lo cual nos faculta para escoger a nuestros gobernantes y darles el poder. Pero esto no nos impide cuestionar cómo se utiliza ese poder. El ciudadano debe jugar un rol de poder más visible, más presente ante la toma de ciertas decisiones.
Nos encontramos ante la urgencia de crear condiciones institucionales, legales y financieras para que la ciudadanía esté más empoderada y pueda tener una mayor injerencia en lo que se está y cómo se está haciendo en beneficio o perjuicio de ellos mismos.
Dada la falta de ese marco nacional de desarrollo, el gobierno central y el local no cuentan con planes de trabajo continuos. Cada elección viene acompañada de un cambio, porque todos tienen una visión nacional o local distinta. Como consecuencia, muchos proyectos no culminan y, por ende, se arrastran problemas por años y años.
Si existieran políticas donde la ciudadanía pueda hacerse sentir, escuchar y, más importante aún, ser parte de la toma de decisiones, se podrían trabajar planes a corto, mediano y largo plazo, en beneficio de las comunidades. Es muy importante no ejecutar acciones aisladas para solucionar problemas que surgen por los cambios climáticos, presiones sociales e intereses políticos partidarios. Por el contrario, se deben aunar los diferentes esfuerzos, a efectos de orientar el rumbo del desarrollo local, a través de una adecuada planificación.
En efecto, se debe cambiar la visión y la forma de ejercer el poder ciudadano, tanto para fortalecer el poder local como para que las políticas públicas que se generen se conviertan en verdaderos motores del desarrollo social, financiero y político del país.
Debemos apostar al poder de la ciudadanía, mediante un acercamiento efectivo a los actores sociales y consultando sus puntos de vista. Así se logrará llevar a la práctica el desarrollo participativo, un avance significativo en nuestro sistema político, una nueva forma de hacer política, una nueva visión entre Estado y sociedad.